martes, 12 de mayo de 2009

The Washington Post llama 'severos interrogatorios' a las 'torturas' de la CIA

Paul Kane es reportero en el Congreso de los Estados Unidos para The Washington Post. En un foro online organizado por el propio diario, el periodista reconoció que el Post, que en su día acabó con la carrera política de Richard Nixon destapando el popular caso 'Watergate', no se referirá las torturas permitidas por la Administración Bush en la lucha contra el terrorismo como tal. 

He aquí la confesión:
New York, N.Y.: "¿Qué diferencia hay entre los 'severos interrogatorios' que vengo leyendo en el Post y las actuales 'torturas'? Si es la misma cosa, ¿por qué no se le llama 'tortura'? No lo entiendo. ¿Estáis haciendo resurgir la propaganda de la era Bush usando esos términos cuando ya todos sabemos con certeza que se trata de tortura, basándonos en las leyes norteamericanas e internacionales?".

Paul Kane: "No puedes llamar a alguien asesino hasta que sea culpado como tal. ¿Lo entiendes? Decimos 'supusto' asesino y este tipo de cosas por nuestra propia protección legal. Así no podremos ser culpados de difamar. Echa un vistazo a los reportajes financieros en los periódicos económicos. No vamos a hacer nada que nos conduzca a perder más dinero en estos tiempos".
The Washington Post ha informado en las últimas fechas de que al menos una docena de altos cargos del anterior Gobierno norteamericano aprobaron en el verano de 2002 el uso de torturas en los interrogatorios de la CIA a sospechosos de terrorismo. Entre esas técnicas se incluye la conocida como 'waterboarding', considerada tortura tanto por organizaciones defensoras de Derechos Humanos como por el actual Gobierno de Barack Obama. Y que otros responsables políticos, incluida la demócrata Nancy Pelosi, actual presidenta de la Cámara de Representantes, habían sido informadas de esas 'actividades'.

Aun así, el Post parece decidido a rechazar el uso del término tortura. ¿Por qué? Según Kane, por el temor a ser acusado de calumnia y no poder hacer frente a los costes de un posible juicio o sentencia, dada la situación económica de la cabecera.


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